Pumpido, el brazo judicial de Sánchez
Una democracia auténtica requiere algo más que elecciones regulares y la posibilidad de votar. Exige, sobre todo, una estructura institucional sólida que proteja a los ciudadanos de los abusos del poder. En esta estructura, la independencia judicial no es un beneficio de los magistrados, sino un derecho esencial de cada ciudadano para salvaguardar sus libertades frente a decisiones políticas arbitrarias.
Bajo el mandato de Pedro Sánchez, España atraviesa una etapa especialmente preocupante en términos institucionales. La separación de poderes, principio fundamental para cualquier democracia sólida, se ha visto amenazada de manera constante. En particular, el Poder Judicial enfrenta presiones crecientes desde el Ejecutivo y el Legislativo, en un intento continuo por reducir su independencia y autonomía.
A estas presiones se suma ahora la preocupante intervención del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, que ha empezado a adoptar competencias tradicionalmente exclusivas del Tribunal Supremo. Este movimiento no es casual ni inocente, sino que responde a un claro interés político de blindar al actual Ejecutivo socialista ante cualquier decisión judicial adversa, como lo evidencia claramente el polémico caso de los ERE.
En esta situación, Conde-Pumpido emerge como una figura clave para las estrategias de Sánchez. Actuando casi como brazo ejecutor en la esfera judicial, su papel se ha vuelto decisivo para impedir que la acción independiente de la justicia perturbe los objetivos políticos del actual Gobierno.
La creación reciente por parte de Conde-Pumpido de un "grupo de trabajo" dentro del Tribunal Constitucional con un claro sesgo ideológico, específicamente orientado a facilitar la aprobación de la controvertida Ley de Amnistía promovida por Sánchez, refuerza la percepción de que el presidente del Constitucional actúa más como agente político que como garante imparcial de la Constitución.
