Crece la preocupación por la "Ley de Censura Socialista" impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez
En los últimos días, una campaña ciudadana ha encendido las alarmas frente a la posible aprobación de una nueva ley promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa legislativa, que será votada en el Congreso este jueves, ha sido denunciada por diversas organizaciones y ciudadanos por su potencial para limitar la libertad de expresión y el derecho de asociación. Aunque el Ejecutivo la presenta como una medida para combatir el odio y proteger la democracia, voces críticas advierten que podría convertirse en un instrumento para silenciar a quienes disienten de la visión oficial del Gobierno, especialmente en lo relativo a la memoria histórica.
Uno de los puntos más controvertidos de esta propuesta legislativa es su redacción ambigua, que según sus detractores, permitiría al Gobierno ilegalizar asociaciones o iniciativas ciudadanas que defiendan posiciones históricas distintas a las de la izquierda. Por ejemplo, la campaña denuncia que actos como promover visitas al Valle de los Caídos o expresar una visión crítica sobre la ley de memoria democrática podrían considerarse "apología del franquismo", abriendo la puerta a la persecución legal de asociaciones conservadoras.
La asociación ciudadana Hazte Oír ha sido una de las voces más activas en denunciar los posibles efectos de esta ley, a la que califican como un ataque directo a la sociedad civil. En su campaña de recogida de firmas, afirman que la ley no solo es inconstitucional —según advertencias previas de los letrados de las Cortes— sino que representa un intento de imponer un pensamiento único desde el poder. Aseguran que esta medida encubre un intento del Gobierno de acallar a quienes denuncian casos de corrupción o se oponen a su proyecto ideológico.
Los impulsores de la campaña también advierten del carácter urgente de la situación. Según indican, el Gobierno habría elegido el momento con discreción para evitar una reacción social significativa, intentando que la ley pase desapercibida hasta que ya esté aprobada. Por ello, llaman a la ciudadanía a firmar y compartir masivamente la petición para detener lo que consideran una grave amenaza a las libertades democráticas en España.
Más allá de las afinidades políticas, el debate ha abierto una conversación necesaria sobre los límites de la legislación en torno a la memoria histórica (también conocida como “memoria histérica”) y la libertad de expresión. ¿Puede un gobierno decidir qué interpretaciones de la historia son legítimas? ¿Hasta qué punto una supuesta ley contra el odio puede ser usada para silenciar a las asociaciones contrarias? ¿Se detendrán ahí o perseguirán a todo aquel que vaya contra las políticas del Gobierno? ¿Está en peligro la disidencia libre? Las respuestas a estas preguntas marcarán no solo el desenlace de esta votación, sino el futuro del espacio democrático en nuestra nación.
