Ortiz, el Fiscal que decide sobre lo que le investigan.
El Consejo Fiscal debate estos días un nombramiento que supera la categoría de escándalo. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado e investigado por revelación de secretos, propone designar al nuevo fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública. Un fiscal que, casualmente, será quien fije doctrina sobre aquello por lo que lo investigan.
No hablamos ya de conflicto de interés, sino de arquitectura institucional diseñada con precisión milimétrica. Una maniobra que convierte al Ministerio Público en campo minado... y perfectamente sembrado.
La plaza que ahora se quiere cubrir no cuenta con respaldo técnico. No hay informes que justifiquen su urgencia, ni indicios de disfunción operativa en la persecución de estos delitos.
Pero la Fiscalía General ha perseverado, decidida, como si crear órganos ad hoc fuera parte del organigrama habitual. Unas prisas muy curiosas.
La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, lo ha calificado de “burla intolerable”. A su juicio, esta plaza no resuelve un problema legal, sino que facilita una solución política.
Y es aquí donde el PSOE y “El 1” entran —o más bien, donde no entran—. Porque todo esto ocurre con la callada por respuesta del Gobierno. Ni una palabra crítica desde Moncloa, ni un gesto de incomodidad.
Mientras tanto, García Ortiz permanece en el cargo. Su objetivo es evidente: ganar tiempo. Tiempo para que el caso se enfríe. Tiempo para que el Tribunal Constitucional, si llega el momento, actúe con su actual mayoría afín.
Y Sánchez, que tanto apela a la regeneración democrática, no se inmutó siquiera cuando la investigación fue declarada secreta por el Supremo. No exige la renuncia. No cuestiona el nombramiento. Observa, calcula y deja hacer. Porque, a fin de cuentas, “¿de quién depende la Fiscalía?”
Esta etapa del Ministerio Público no se caracteriza por aplicar la ley, sino por diseñarla desde dentro. La estrategia es clara: sustituir el equilibrio institucional por la geometría variable de la conveniencia.
Y mientras tanto, los juristas con pudor, los fiscales con principios y los ciudadanos con memoria, seguimos viendo esta escena con una mezcla de estupor y déjà vu. Un esperpento institucional que solo suma momentos dignos de un teatrillo cutre.
